LA CONSTITUCIÓN DE 1857
Y EL GOLPE DE ESTADO DE COMONFORT

Silvestre Villegas Revueltas

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A Comonfort la posteridad le hará justicia
por dos razones: porque del seno de una sangrienta
revolución salió sin manchas de sangre,
y porque en el caos de las inconsecuencias fue consecuente.

Anselmo de la Portilla, 1858

El presente artículo es tan sólo una reflexión en torno al efecto negativo que la Constitución de 1857 produjo en el gabinete moderado de Ignacio Comonfort. Su consecuencia más evidente fue el golpe de Estado que el presidente dirigió contra el mencionado código y el Congreso. El cuartelazo de Tacubaya de diciembre de 1857 puede considerarse el inicio de la guerra de Reforma y el acontecimiento que históricamente definió a la segunda administración suriana. Según la historiografía liberal posterior al Segundo Imperio, el golpe, por sí solo, condenó un proyecto político que planteaba la reforma liberal del país recogiendo aquello que fuera útil y rescatable del pasado mexicano con las necesidades que el mundo moderno exigía a la república.

Este trabajo está dividido en dos secciones que forman una unidad. La primera da cuenta de la conformación del constituyente, de la inmediata división de proyectos entre un grupo de diputados radicales y un ejecutivo que, aunque más morigerado, llevó adelante todo un programa de reformas muy alejado del conservadurismo con el que usualmente se le ha etiquetado. Se plantea el problema cardinal de la amplitud de facultades que era urgida por el gobierno de Comonfort y cómo este problema fue visto por los miembros del gabinete y por la prensa. Finalmente, este primer apartado da cuenta de la condena papal contra la Constitución y contra la legislación que afectó profundamente los bienes inmuebles que la Iglesia tenía en México. La segunda sección centra su atención en el hecho de que dos años de alzamientos militares y de múltiples protestas en contra del texto constitucional promovieron que todos los intereses involucrados efectuaran un cambio de rumbo. Las elecciones presidenciales, la puesta en práctica del código de 1857, la insistencia de que no era posible gobernar al país sometido a las restricciones que se le imponían al ejecutivo y el inicio del primer gobierno constitucional, todos estos acontecimientos, influyeron para que la administración moderada cometiera un yerro histórico. En las conclusiones de este artículo se da cuenta de que, meses después del golpe de Estado y al final de la guerra civil, Comonfort y algunos miembros de su gabinete, aunque admitieron el error del desconocimiento constitucional, continuaron insistiendo en lo viable para el país de una reforma sin precipitaciones.

Los materiales de primera mano utilizados en este escrito, como es el Archivo Comonfort de la Colección Genaro García de la Universidad de Texas, en Austin, es tan sólo una pequeña muestra de la amplia documentación que produjo la reforma liberal moderada. Aunado a ella, hay comentarios sobre los autores que han intentado explicar el proceder del gobierno de Comonfort. Finalmente los periódicos citados resultan de gran importancia porque brindan una visión del debate diario y de la libertad de expresión existente, a pesar de la Ley Lafragua, sumamente criticada por querer "profesionalizar y transparentar" la prensa, al exigir la autoría de noticias y editoriales y la responsabilidad de los editores. Es preciso hacer mención de que el gobierno de Comonfort financió -y lo consideramos como el diario oficial durante 1856 y 57- al Estandarte Nacional. Su lectura revela la filosofía política del régimen.

La Constitución excomulgada

El artículo 5o. del Plan de Ayutla reformado en Acapulco establecía la formación de un Congreso Constituyente de acuerdo con las bases de 1841, precisándole a la asamblea que el país debía ser una república representativa y popular.[ 1 ] Lo anterior, debido a que en los considerandos del plan se acusaba al régimen del general Santa Anna y a varios particulares de promover el establecimiento de una monarquía contraria a las costumbres del pueblo mexicano. El mismo apartado planteaba que el Congreso debía juzgar los actos de la dictadura santannista y de revisar las acciones del ejecutivo provisional establecido como resultado del presente plan. Esta última facultad motivó que a lo largo de dos años (1856-1857) se produjese un enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el Congreso Constituyente.

Al integrarse la planilla con los nombres de los diputados que representaban a las diversas entidades, se pudo constatar que la gran mayoría estaba compuesta por liberales de principios moderados. Sin embargo, como plantea Emilio Rabasa, los gobiernos de las entidades designaron diputados de principios disímiles y aun antagónicos.[ 2 ] Los "puros" representaban una minoría en la asamblea, los conservadores no presentaron candidatos a los comicios y al clero le fue vetada su participación como estamento, ello como resultado del sentido de la ley de administración de justicia o Ley Juárez. La intención era constituir un cuerpo legislativo progresista, debido a que en los considerandos del Plan de Ayutla reformado en Acapulco se sostenía que el constituyente debía elaborar una carta de principios liberales.

El Congreso inició sus sesiones en febrero de l856, teniendo como principales enemigos al movimiento conservador de Puebla acaudillado por Antonio Haro y Tamariz, apoyado por el obispo de la diócesis Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos.[ 3 ] El levantamiento se había iniciado en diciembre pasado tomando como pretexto que la Ley de Administración de Justicia eliminaba para los delitos comunes los fueros jurídicos de que gozaban los miembros del ejército como del clero. La "revolución" en Puebla era un peligro efectivo para la asamblea; se estaba consciente de que un triunfo de los pronunciados resultaría en la disolución del Congreso. Es importante recalcar que, por esta razón, los diputados volcaron todas sus esperanzas en el triunfo militar del presidente Ignacio Comonfort. Éste actuó con energía, el cuartelazo fue sofocado y se intervinieron los bienes de la diócesis para recuperar un millón de pesos que había gastado el gobierno en la campaña. El obispo se opuso a dicha confiscación resultando su inmediata expulsión del país: "El gobierno puso la mano sobre el más levantado de los prelados. A Europa, a conspirar; el obispo de Puebla conspiró furiosamente, incesantemente, desde aquel momento. Así hemos logrado saber lo que tenía en el fondo del alma: Comonfort no se equivocaba".[ 4 ]

Durante los primeros meses de trabajo el Congreso estuvo en armonía con el presidente, porque los representantes tenían en mente aquel discurso de apertura de sesiones pronunciado por Comonfort, en donde les recomendaba que hiciesen una ley fundamental que reflejara y fuera acorde con los sentimientos del pueblo mexicano. Sin embargo, aquellos temas constitucionales como la libertad religiosa provocaron una serie de "revoluciones" a lo largo del tiempo que duró la administración suriana; peor aún, resultaron en hondos conflictos en la conciencia de muchos diputados. Es importante señalar que ambas situaciones afectaron la redacción del texto constitucional y que los miembros de la asamblea adoptaran dos actitudes distintas. La primera fue que algunos diputados vieron en aquellos movimientos armados y en las manifestaciones públicas de repudio, tanto en las calles como en el recinto parlamentario, una genuina protesta respecto de los principios "exaltados, inmorales e inadecuados" que se debatían en el Congreso. Una lectura detenida de las sesiones del Congreso como de la prensa periódica que reseñaba el ambiente imperante muestra que algunos diputados y el ejecutivo federal fueron modificando su postura hacia posiciones más moderadas: el término medio que desde su óptica respondía más a los deseos e idiosincrasia del pueblo mexicano que indudablemente debía tomarse en cuenta, si se era congruente con ser liberal y demócrata.

Esta contemporización era opuesta al sentir de un grupo de diputados que pensaba que debía reformarse en conjunto a la sociedad mexicana; era la idea de que los principios más revolucionarios tienden a arrastrar al conglomerado social, a pesar de que las propuestas de cambio chocaran con su idiosincrasia. Pensaban, y con razón, que ningún cambio se había generado sin reticencias ni violencias. Los llamados jacobinos, "rojos" o radicales eran una minoría muy combativa que pretendía darle un giro completo a los trabajos del Congreso, procurando que los cambios reformistas se llevaran a su último extremo. Éstos sostenían, y también estaban en lo correcto, que los conservadores y el clero combatirían de igual manera tanto las medidas liberales "a medias" como aquellas que constituyeran una modificación absoluta del marco normativo de la república. Frente a tales posturas resulta pertinente preguntarse si, efectivamente, la moderación representaba realmente los anhelos de ese pueblo tantas veces mencionado pero inopinadamente ignorado, o si una reforma radical largamente pospuesta, podría sentar las bases de una modernización del país, que en teoría era la meta de gente como Arriaga, Ocampo o Ramírez, entre otros. Durante 1856 y 1857 las dos visiones, una reformista y otra revolucionaria, plantearon una disparidad de tesis entre el ejecutivo y los diputados más exaltados del Congreso Constituyente.

Aunado a esta diferencia de posturas, como ya dijimos, el Congreso tenía la facultad de revisar los actos del ejecutivo, puesto que se tenía presente que el último gobierno de Santa Anna había sido una dictadura cruel y sin freno, dejando "en todos los espíritus la obsesión de la tiranía y del abuso, de tal suerte que el ejecutivo no era para ellos una entidad impersonal de gobierno, sino la representación enmascarada del dictador, y un peligro grave e inminente de todas las horas para las libertades públicas que encarnaban en el Congreso".[ 5 ]En efecto, para los diputados de la asamblea, así como para los teóricos del liberalismo más radical, el ejecutivo era veladamente un tirano, los presidentes mexicanos habían sido y buscarían seguir siendo por mucho tiempo los jefes natos de la nación. Los diputados del Constituyente de 1857 tenían presentes todas aquellas iniquidades que se habían llevado a cabo por falta de una Constitución, por la inexistencia de un legislativo poderoso o por la complicidad del mismo. Con dicha facultad revisora planteada en el Plan de Ayutla reformado en Acapulco, el Congreso era un contrapeso del ejecutivo y sancionador del mismo.

Este precepto, que daba a la asamblea funciones activas en la política del gobierno, injerencia en la administración y responsabilidades en la gestión del ejecutivo; que embarazaba la acción de éste con la tutela de la cámara y subordinaba al voto de los diputados todos sus procedimientos, destruía con unas cuantas palabras las facultades omnímodas que se habían creído indispensables para dar vigor al gobierno revolucionario, y lo hacía más pobre de medios y más escaso de facultades que cualquier gobierno constitucional.[ 6 ]

Era la lucha por el cambio de sentido en la política mexicana. Los constituyentes querían llegar al estadio donde la "Asamblea" era prácticamente el ejecutivo, hacer práctica la teoría y eliminar una herencia cultural hispánica de autoritarismo y centralización del poder. Sin embargo, para el presidente y su gabinete el momento no era el adecuado. Este rechazo tenía su razón de ser, pues durante la administración de Comonfort el poder ejecutivo necesitó de todas las facultades para enfrentar a un enemigo resuelto a acabar no sólo con el régimen sino con todo intento de reforma liberal. Íntimamente, el gabinete coincidía con los conservadores en el sentido de propugnar la jefatura indiscutible del Estado en una sola persona. El tiempo de la segunda administración emanada de la revolución suriana revelaba los pródromos de la guerra civil que, hablando con más exactitud, era o sería la guerra de facciones, de grupos más allá del común de la población.

Si bien los liberales que eran tanto los del Congreso como los del ejecutivo pretendían hacer frente a los conservadores, el primero debía ceder en la competencia del poder. La vida del Constituyente estaba en manos de Comonfort y por ello, a pesar de las frecuentes fricciones, los diputados revalidaron la legislación producida por el ejecutivo, concedieron facultades extraordinarias al gobierno y se unieron por comunión política al presidente, porque la reforma liberal era la que interesaba a ambos poderes.[ 7 ]

Hacia mediados de l856, el conflicto estaba en uno de sus puntos más álgidos. El enfrentamiento entre el Congreso y el ejecutivo era directo y los ánimos de ambas partes se exaltaban. En una carta de Manuel Siliceo a Manuel Doblado le comentaba lo siguiente:

Nuestra situación política vuelve a ser la de octubre y noviembre del año pasado; los reaccionarios han conseguido dividir al partido liberal, aprovechando la mentecatería de tanto animal como hay en el Congreso, y estamos al entrar en pugna abierta los diputados y nosotros [...]. Comonfort está altamente disgustado, no como yo quisiera, sino para meterse en una diligencia y marcharse fuera del país, que veo ya en el borde del abismo, porque tengo la íntima convicción de que, en las actuales circunstancias, la falta de ese hombre es el origen de una revolución, que será la última, porque de ella iremos a la anarquía, a la escisión y a la pérdida del país.[ 8 ]

Siliceo, confidente del gobernador de Guanajuato Manuel Doblado y este último, hombre fuerte del Bajío, con una amplia red de alianzas que lo mismo las tenía con el obispo Munguía y el general Tomás Mejía que con Guillermo Prieto y Santiago Vidaurri, tomó muy en serio la visión que a futuro se le brindaba desde la ciudad de México. El divisionismo aprovechado por los "reaccionarios", como los llamó José María Lafragua, la sombra de la guerra civil y la evidente intromisión de las potencias extranjeras fueron los temores fundados que hacían mella en los ministros del gobierno y los hacía preguntarse sobre la idoneidad de la reforma que desde noviembre de 1855 se gestaba. En el mismo sentido, Comonfort expresaba su malestar:

Son a veces tan ridículas y exageradas las pretensiones del partido puro, de cuya confianza absoluta necesito hoy más que nunca para marchar en el camino de las reformas, que verdaderamente me vienen ganas de abandonarlo por ingrato y largarme fuera de la república [...]. Busque usted la causa del malestar social en las exageraciones de algunos de nuestros diputados y en la perpetua discordia de la familia republicana, y creo la hallará usted con más seguridad.[ 9 ]

Este pleito se efectuaba cuando ambas partes discutían y definían las formas para lograr la reforma. Ello afectaba su trabajo en "esas horas de fiebre donde el Congreso Constituyente conspiraba contra el ejecutivo usando la Constitución como una arma de intriga, éste conspiraba contra aquél levantando una opinión adversa, y el militar y el cura conspiraban contra todos los poderes".[ 10 ] Era una confrontación que tenía por origen los tiempos políticos y no propiamente los temas de la reforma, aunque sí los había, puesto que el gobierno y los diputados caminaban hacia una misma realización. Sin embargo, un párrafo de una carta nos muestra que en ciertos momentos el gobierno de Comonfort podía ser más radical que el mismo Congreso, contradiciendo toda la corriente de críticas que desde el mismo siglo XIX le hicieron los "puros" y que posteriormente la historiografía le achacó a este régimen, esto es, el de propiciar un retroceso, el conservadurismo del presidente y, efectivamente, el golpe de Estado en contra de la Constitución de 1857. Sobre el convencimiento de reformar a las instituciones del país Siliceo subrayaba: "estos locos del Congreso siguen con sus tonterías; sin embargo, creo que entrarán en juicio al ver esa ley [de desamortización de bienes de corporaciones civiles y eclesiásticas], que ellos, con todas sus charlatanerías y con sus gritos, no serían capaces de dar, porque su ciencia toda se reduce a la lengua".[ 11 ]

Sin duda la Ley de Desamortización fue la ordenación que más alzamientos y anatemas clericales provocó. En enero de 1858, la administración de Félix Zuloaga desechó la ley como las otras disposiciones que entraban en conflicto con los intereses seculares de la Iglesia católica. Sin embargo, las leyes de desamortización y luego de nacionalización de bienes eclesiásticos decretada en 1859 lograron en poco tiempo crear una serie de intereses económicos, mismos que fueron refrendados por la intervención francesa y por el propio emperador Maximiliano.

Más allá de la pugna entre los dos poderes que, como decía Comonfort, era la perpetua división de la familia republicana, los conservadores además de activar pronunciamientos también se abocaron a señalar, entorpecer y negar los principios de la Constitución. Un periódico de esa tendencia comentaba en su editorial:

Pensamos, en fin, que las reformas sociales para que merezcan este nombre deben hacerse en tiempo y sazón por los trámites que prescriben las leyes o las costumbres de la sociedad y por los medios que aconseja la conveniencia pública. En consecuencia, creemos firmemente que la actual Constitución no sólo no satisface las exigencias del país ni responde a sus necesidades, sino que servirá más bien para apresurar su última ruina, si no se reforma ese código convenientemente o si no es reemplazado por otro que sea adecuado a los antecedentes, hábitos y costumbres de nuestro pueblo, porque las instituciones políticas no son buenas sino cuando tienen por base los elementos sociales.[ 12 ]

La anterior era igualmente una postura moderada, seguidora de una tendencia jurídica anglosajona que a lo largo de los siglos había argumentado que los cambios duraderos habían tenido por base la experiencia pública, y no los cambios revolucionarios producto de una ideología radical e inmadura.[ 13 ] Coincidía con algunos miembros del ejecutivo y algunos sectores de la opinión pública en que la Constitución necesitaba cambios. Más preocupante, El Tiempo planteaba como posibilidad la sustitución de la carta, camino distinto a la reforma y que indudablemente sería violento.

A pesar de todo y después de un año, los trabajos del Congreso Constituyente concluyeron. Cada "discusión había sido una erupción volcánica que estremecía hasta las entrañas de la sociedad"[ 14 ] pero a nadie satisfacía. Los conservadores la miran como la expresión de todos los delirios demagógicos; los liberales moderados dicen que pica por exceso en las trabas que impone al poder público; los exaltados creen que todavía se ha quedado atrás en materia de innovaciones; los hombres religiosos encuentran en ella un compendio de las impiedades revolucionarias. [ 15 ] Sin embargo, la Constitución fue jurada por el presidente Comonfort el 5 de febrero de l857, y el 17, al clausurar las sesiones del Constituyente, asentó en su discurso lo siguiente: "En estos años memorables se han realizado grandes acontecimientos, siendo los más importantes la conquista de la igualdad legal y la desamortización de una gran parte de la propiedad raíz. Ambos principios han venido a ocupar un lugar honroso en el nuevo código fundamental, después de haber quedado vencedoras en la opinión".[ 16 ] En efecto, dos medidas de las más revolucionarias habían sido elaboradas por ministros en el gabinete de dos gobiernos distintos y se incorporaban al texto constitucional. De esta manera Comonfort consumaba lo que en 1854 había ofrecido en el Plan de Acapulco: se proporcionaba al país una Constitución liberal, se llevaron a cabo reformas esenciales pospuestas por largo tiempo y sobre todo, entre diciembre de 1855 y noviembre de 1857, fue congruente con el ideario de la revolución suriana. Perfectamente pudo haber derogado la Ley Juárez y no consentir la aplicación de las leyes que en materia de bienes y funciones eclesiásticas había promulgado su gobierno: desamortización, obvenciones parroquiales, secularización de cementerios, registro civil, ocupación de los bienes de la diócesis de Puebla, la destrucción del convento de San Francisco en la ciudad de México y la expulsión del obispo Labastida entre otras.

Los problemas que traía aparejada la Constitución y la política anticlerical seguida por la administración suriana no se hicieron esperar. Ya desde el 15 de diciembre de 1856, el papa había condenado la ley fundamental. El documento de Pío IX era un golpe certero para un gabinete de fe católica y que, a decir de José María Lafragua, respetaba la religión que profesaba el pueblo mexicano. Para muchos creyentes convencidos de las bondades de la reforma liberal, la postura del Vaticano los ubicaba como cismáticos y con la disyuntiva de qué hacer, ya que al ser católicos debían ser obedientes de los dogmas y constitución de la Iglesia. Por último, pero no por ello menos importante, la condenatoria agregaba un elemento que podía convertir los alzamientos que se sucedían día a día, en una guerra de religión que definitivamente el gobierno de Ignacio Comonfort no quería. Para tener una idea acerca de la censura papal se reproduce el siguiente párrafo:

el gobierno mexicanodeclaró cruda guerra a la Iglesia, a sus intereses y a sus derechos [...]. Y todavía esto no basta, pues que aquella Cámara de Diputados, entre otros muchos insultos prodigados por ella a nuestra santísima religión, a sus sagrados ministros y pastores, como el vicario de Cristo sobre la tierra, propuso una nueva Constitución, compuesta de muchos artículos, no pocos de los cuales están en oposición con la misma divina religión, con su saludable doctrina, con sus santísimos preceptos y con sus derechos [...]; así es que, para que los fieles que allí residen sepan, y el universo católico comprenda, que nos reprobamos enérgicamente todo lo que el gobierno mexicano ha hecho contra la religión católica, contra la Iglesia y sus sagrados ministros y pastores, contra sus leyes y propiedades [...] declaramos írritos y de ningún valor los mencionados decretos y todo lo demás que haya practicado la autoridad civil con tanto desprecio de la autoridad eclesiástica y de esta silla apostólica [...]. Por lo tanto prevenimos [...] a aquellos [...] que mediten severamente sobre las penas y censuras que conminan las constituciones apostólicas y los cánones de los concilios contra los violadores de las personas y cosas sagradas.[ 17 ]

La carta pastoral del papa Pío IX era un documento prácticamente subversivo, además de que daba la estocada en la conciencia religiosa de la gran mayoría de los mexicanos. La posible excomunión era una pena que dolía, pero el gobierno sabía que si no empleaba la fuerza suficiente para que la Constitución fuese jurada y reconocida por el pueblo, su administración caería por el propio peso de la inaplicabilidad de dicho código. Ante esta situación se obligó a que los empleados públicos jurasen el código. Muchos, por temor a los anatemas se negaron, perdiendo en el acto sus empleos, lo que generó un gran malestar. Hubo regiones del país donde las autoridades civiles no hicieron pública la obligatoriedad de juramento por temor a la violencia.

El enfrentamiento abierto entre la Iglesia y el gobierno mexicano, que había tenido sus episodios en 1833 y 1847, se inició de nueva cuenta con la administración de Comonfort y continuó con altibajos a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. El régimen suriano había promovido la venta de fincas pertenecientes a las corporaciones religiosas; sin embargo, también es necesario notar que el gobierno se detuvo en ciertos temas de índole religiosa porque los consideró más opiniones de una facción que una necesidad pública. Tal es el caso de la libertad de cultos. El gabinete estaba convencido de que dicha libertad, siendo un país eminentemente católico, no se traduciría en beneficios evidentes y en cambio sí le acarrearía una infinidad de conflictos que iban desde el alzamiento militar hasta conflictos en el ámbito de la convivencia doméstica. En cambio, los diputados más radicales argumentaron las presiones de los ministros de Inglaterra y Prusia quienes sostenían que la intolerancia religiosa era el principal obstáculo para el fomento de múltiples inversiones.

La "posición falsa" y la perpetua contradicción de los moderados fue el juicio de la crítica decimonónica y de la mayor parte de la historiografía mexicana. Esta última no tomó en cuenta lo que Jesús Reyes Heroles identificó como lo más preciado y característico del liberalismo moderado: los tiempos políticos. Por ello, Lafragua, viendo a la república en un estado de total alzamiento, no quería agregar otro elemento de discordia y por lo tanto se oponía a que en ese momento se estableciese la libertad religiosa. Asimismo, agregaba un temor harto fundamentado al señalar lo que sucedería cuando dos comunidades indígenas creyeran en distintos dioses: el fanatismo acabaría en asesinatos, persecuciones y diferenciaciones entre un mismo grupo étnico. Apuntaba que el enfrentamiento religioso podría a la larga resultar en un peligro latente para la soberanía y la integridad de la república debido a lo inaccesible y alejado de las comunidades indígenas.

La oposición del gobierno de Comonfort a una explícita libertad de cultos, que era la postura de los "puros", resultó en la forma en que fue redactado el artículo 123 de la Constitución que dice: "corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer en materias de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen las leyes".[ 18 ] El sentido del artículo fue interpretado por los críticos y la jerarquía católica como "la libertad religiosa por omisión". Lo anterior quiere decir que el texto constitucional no declaraba explícitamente que existiera una religión de Estado, pero tampoco indicaba que se permitiera una completa libertad de creencias. Era una típica argucia jurídica de abogados y muchos de los diputados lo eran.

Las reformas más importantes durante 1855 y 1857 fueron elaboradas por el poder ejecutivo y no por el Congreso. Sin embargo, la Constitución estaba ahí y se tenía que llevar a la práctica. En el discurso de la jura de la carta magna, el presidente expresó:

Aunque es verdad que jamás las obras de los hombres pueden salir de sus manos sin defectos, el pueblo y sólo el pueblo soberano [...], de cuya voluntad dependen la estabilidad y vigor de las leyes constitutivas, toca la calificación inapelable de lo que él os pidió. Él tendrá presente que en la discusión de sus grandes intereses, la voluntad y el celo de los señores representantes no han estado acompañados de circunstancias propicias al noble fin que los reunió. En el periodo que les fijó la ley para la conclusión de sus interesantes tareas ¡Cuántas veces la rebelión, el desorden y aun el peligro de los principios proclamados en el Plan de Ayutla no han venido a destruir la atención del Congreso![ 19 ]

El discurso de respuesta, elaborado por Francisco Zarco como representante del Constituyente, estuvo dedicado a aquellos miembros del gobierno que se sabía que no les agradaba el sentido general del texto de la ley fundamental. El diputado exclamó:

El Congreso sabe muy bien que en el siglo presente no hay barrera que pueda mantener estacionario a un pueblo, que la corriente del espíritu no se estanca [...]. Por eso ha dejado expedito el camino a la reforma del código político, sin más precaución que la seguridad de que los cambios sean reclamados y aceptados por el pueblo [...]. Si queréis libertades más amplias que lo que os otorga el código fundamental, podéis obtenerlas por medios legales y pacíficos. Si creéis, por el contrario, que el poder de la autoridad necesita más extensión y robustez, pacíficamente también podéis llegar a este resultado.[ 20 ]

Eran alusiones muy importantes, como la de señalar que los pueblos tienen una evolución y que el siglo XIX era precisamente una época de cambios. Sin embargo, lo que más interesaba en ese momento eran aquellas frases donde se subrayaba que los miembros del Constituyente habían dejado abierto el camino para hacerle modificaciones al texto constitucional y con ello evitar que los cambios se hiciesen por la vía armada; esta alocución encaraba los rumores ya extendidos desde principios del año, de que existía la posibilidad de un golpe de Estado, noticia que circuló a todo lo largo de l857 y que no ha sido ponderada por la historiografía que sólo sigue enfatizando las circunstancias de diciembre de 1857.[ 21 ]

El sentido de la respuesta de Zarco era que los constituyentes habían reflexionado sobre la manera de conceder mayores facultades al poder ejecutivo. Lo limitado de los poderes fue la objeción más importante que le había hecho el gabinete de Comonfort a la Constitución. Años después, las limitaciones que el código imponía al ejercicio presidencial provocaron que una y otra vez el Congreso otorgara facultades extraordinarias a las administraciones de Benito Juárez, Sebastián Lerdo y Porfirio Díaz. Sobre los límites que se le imponían al poder ejecutivo, dichos presidentes gobernaron por encima de la Constitución, sin atreverse, porque era un suicidio político, a desconocerla, como lo hizo Comonfort.

Alea jacta est

La situación para mediados de l857 era extremadamente complicada. El periódico Le Trait d'Union ponderaba en un editorial los sentimientos del presidente y las circunstancias del momento político:

Lo que le intimida verdaderamente [...] es la nueva Constitución, y francamente hablando nosotros comprendemos sus temores: en circunstancias en que el país se halla casi en estado de disolución social; cuando hace falta una autoridad enérgica y poderosa para detenerla en la orilla del precipicio y conducirlo por el buen camino, el Congreso Constituyente parece haber creído de su deber debilitar el poder y neutralizarlo como si se tratase simplemente de dirigir a una nación antigua establecida sobre bases indestructibles y cuya máquina administrativa funcionase por sí misma.[ 22 ]

Eran las restricciones a la autoridad presidencial lo que provocaba las críticas y la formación de una opinión pública adversa. Cierto que la Constitución necesitaba cambios y que en definitiva las decisiones del ejecutivo estaban sujetas a la fiscalía del Congreso. José María Vigil sostuvo en el tomo La Reforma, de México a través de los siglos, que lo dispuesto en la carta magna era para situaciones normales y que de hecho, en el texto constitucional, estaban reglamentadas las formas en que, el jefe del ejecutivo podía agregarse facultades extraordinarias. La situación en 1857 no era normal; era el punto previo a la conflagración generalizada, era el tiempo en que había un sinfín de asonadas por todo el país; era el tiempo cuando se reducía al orden a los insurrectos de San Luis Potosí; era el tiempo cuando el clero de la catedral metropolitana no dejó entrar en Semana Santa a las autoridades municipales encabezadas por Juan José Baz; era el tiempo cuando se arrestó al arzobispo De la Garza y cuando también el cura Ortega de Zacapoaxtla previno directamente al presidente Comonfort acerca de que se tramaba asesinarlo. Era el tiempo en el que el poder ejecutivo lanzó sus últimas leyes reformistas que afectaban los intereses de la Iglesia y se sospechaba de un golpe de Estado, en fin, cuando la quiebra del erario era inminente.[ 23 ] Reinaba un ambiente patológico donde todos se veían con desconfianza y donde la Constitución con todos sus defectos y aciertos era el blanco más fácil para echarle en cara los males de la nación:

No sabemos lo que sucederá cuando este fantasma de poder tenga enfrente de sí, y probablemente en su contra un congreso general, en el que tal vez van a prevalecer los elementos anárquicos bajo el embozo de libertades democráticas y de rápido progreso. No sabemos qué será de la república cuando sin tener un supremo regulador una autoridad central, una unidad gubernativa, se encuentren albergados todos los principios divergentes en más de veinte asambleas legislativas, cada una de las cuales se tendrá por soberana, cuyas leyes serán opuestas entre sí y cuyas tendencias todas serán hostiles al simulacro de gobierno establecido en México.[ 24 ]

A pesar del ambiente de excitación generalizada, era necesario que el presidente ya no fuera sustituto sino que su gobierno fuera constitucional, es decir, resultado de unas elecciones. Y en efecto así se hizo. La popularidad de Comonfort era notoria a pesar de todas las leyes que los conservadores consideraban impías y contrarias a la religiosidad del pueblo.

Durante 1857, las pugnas en el seno del partido liberal mostraban una división real. Los moderados tenían en Comonfort su candidato, porque pensaban que, si bien seguiría con la línea de las reformas nacionales, no caería en el "delirio demagógico" de los exaltados; pero además eran conscientes de que el presidente tenía el respaldo de buena parte del ejército, de que era buen estratega y de que en un momento dado sería más flexible, en caso de que los conservadores estuvieran dispuestos a negociar ciertos aspectos de política interior. Por otro lado, desde diciembre de 1855, los "puros" veían a Comonfort con suma desconfianza, "porque repetía con imprudente frecuencia que si bien los principios del partido puro no los repugnaba, aunque le parecían bellas teorías, al personal grosero de ese partido no lo podía tolerar".[ 25 ]Asimismo, a los radicales les molestaba profundamente su cercanía con individuos de la jerarquía eclesiástica y la forma en que hacía política, que lo hacía parecer falso al ser condescendiente. Es importante señalar que hacia 1857, los liberales radicales todavía no contaban con una figura fuerte que los aglutinara y con el carisma suficiente para contender en unas elecciones "nacionales". Se trataba, como decía Melchor Ocampo, de un grupo que no aceptaba jefes. Dos eran las figuras de peso que se mencionaban: Benito Juárez, gobernador de Oaxaca, y el ex ministro de Hacienda, Miguel Lerdo de Tejada, quien había fraguado la ley más importante del gobierno de Comonfort.

La campaña política, como todas, estuvo acompañada de comentarios y escritos difamantes. Citamos uno muy característico:

Pueblo, que no te fascinen. Si votáis por Comonfort, tendréis un gobierno sabio, fuerte, progresista, emprendedor, liberal, ilustrado, benigno, protector y que os hará felices y os hará prosperar tanto que os envidiarán muchas naciones del globo. Si votáis por Lerdo, tendréis un gobierno ignorante, arbitrario, débil, atolondrado, seudo-liberal, inepto, pusilánime, despilfarrador, cruel, prostituido y que os hará desgraciados sin remedio y os envilecerá tanto que se mofarán de vosotros y os escupirán la cara todas las naciones del universo.[ 26 ]

Frente a un cuasi monolitismo conservador, la división de la familia liberal no era exclusiva ni del momento ni del país, sino una característica común en el mundo político a las facciones progresistas. Era la primera vez que Miguel Lerdo contendía en una elección presidencial. En 1861, para fortuna de Juárez, a Lerdo le sorprendió la muerte. El veracruzano tenía los contactos suficientes con radicales, santannistas, comerciantes y exportadores extranjeros que lo hacían un candidato viable. Sin embargo, Comonfort contaba con el apoyo de muchos gobernadores y comandantes militares que trabajaron con las autoridades electorales en cada entidad. El presidente sustituto ganó las elecciones "abrumadoramente".

Pasados los comicios, se acercaba el 16 de septiembre, que era el día fijado para que la Constitución empezara a regir. El gobierno realizó magníficas fiestas para resaltar el aniversario de la independencia y que el país contaba con una carta fundamental después de años de incertidumbre jurídica. El presidente Comonfort ceñía en su paso por las calles la banda de coronel, no la de general. Esta postura probablemente se explicaría porque el Congreso se había negado a reconocerle su grado de general de brigada y divisionario que oficialmente le había conferido Juan Álvarez en sus últimos días de gobierno. O también, y que no es inverosímil, el ejemplo de Napoleón Bonaparte, quien tampoco ostentaba otro uniforme que no fuese el de coronel de artillería.[ 27 ]

El lapso que corrió entre septiembre y los primeros días de diciembre de 1857 estuvo marcado por una notable censura hacia la prensa y por la renuncia del gabinete en pleno a fin de dejar en libertad al presidente para que pudiese formar el primer gabinete del primer gobierno constitucional. El diario conservador El Tiempo en un editorial expresaba que tanto El Eco como Le Trait d'Union proponían un gabinete con nombres eminentemente conservadores. Al examinarlos, bien puede uno percatarse de que en esencia eran el grupo que apoyó a Santa Anna en su última administración (Rafael Rafael, Sierra y Rosso, Lares y Díaz de la Vega, entre otros). Igualmente hablaban sobre la inminente posibilidad de un golpe de Estado. En este sentido lo más significativo era que el periódico francés, que primero había apoyado a la revolución de Ayutla y posteriormente al régimen de Comonfort, había dado un giro completo. No era el único. El primero en proponer abiertamente un golpe de Estado como medio idóneo para reformar la Constitución fue el periódico liberal y radical El Monitor Republicano. Fue tal la sorpresa que causó la postura de este diario que, desde El Siglo Diez y Nueve, Francisco Zarco subrayó no solamente la sinrazón de la medida sino particularmente los peligros que el golpe podría conllevar.[ 28 ]

Puesta en práctica la Constitución y ya elegido el presidente, se procedió a la apertura de sesiones, la cual se verificó el 9 de octubre, componiéndose la asamblea casi exclusivamente de liberales moderados. Comonfort pronunció un discurso donde resaltaba que:

El orden interior y la tranquilidad pública han continuado siendo un objeto preferente de la atención del gobierno. En la lucha casi continua que por haber promovido y ejecutado importantes reformas sociales, la administración ha logrado hasta ahora que sus esfuerzos hiciesen triunfar la causa de las leyes y de las instituciones liberales, contra el fanatismo y las preocupaciones que defienden tantos errores, tanto antiguos como bastardos intereses multiplicados en el desorden de una guerra civil.[ 29 ]

El sentido general del discurso del presidente no hacía alusión a la Constitución, lo cual era harto significativo. En cambio sí hacía referencia a dos situaciones evidentes: la promoción de reformas llevadas a cabo por el ejecutivo y el incesante clima de alzamientos que lo llevaba a apuntar que el país estaba en los pródromos de una guerra civil. La contestación del presidente de la Cámara respondía a la crítica de la opinión pública, en cuanto a los límites que el texto constitucional imponía al ejecutivo. Asimismo era un reconocimiento al presidente:

Dejo en manos de vuestra excelencia la suma de facultades que reclama la situación [...]. [Usted] con su acostumbrado acierto las ha empleado de una manera conveniente y generosa, salvando al país de la anarquía y procurando moralizar a los perturbadores del orden con actos de clemencia, aun a riesgo de parecer débil, en fuerza de ser humano y bondadoso.[ 30 ]

Si bien para octubre y noviembre de l857 ningún movimiento reaccionario de importancia era detectado en la república, sí se palpaba la quietud imperante antes de la tormenta. Comonfort veía que se acercaba la revuelta, que sus relaciones familiares se estaban deteriorando (el confesor de su madre era el obispo Munguía, arraigado en la ciudad de México), a causa de los informes que sobre los conflictos de conciencia tenían algunos adjudicatarios de propiedades de la Iglesia y de las tirantes relaciones entre su gobierno, el Congreso y la jerarquía eclesiástica mexicana.[ 31 ]Esto, aunado a los eternos rumores de posibles levantamientos en la capital, de la desconfianza de sus amigos -Doblado (?), Payno, Baz, Zuloaga, Siliceo- y la latente idea de que la Constitución no era la adecuada para la república y mucho menos para cualquier gobierno que se ligara a ella. Por estas razones, cuando juró como presidente constitucional el 1o. de diciembre, su discurso era visiblemente distinto al de dos meses atrás:

He creído que aún debo hacer nuevos sacrificios en su obsequio [la Constitución] y apurar todos los remedios posibles para su salvación. El más eficaz de éstos será hacer al código saludables y convenientes reformas. A este fin el gobierno os dirigirá muy en breve las iniciativas que estime necesarias; y espera confiadamente que serán resueltas con la prontitud y acierto que demandan los más caros intereses de la sociedad. La rapidez con que he llenado las promesas de la revolución de Ayutla me hacen esperar que mis indicaciones serán escuchadas. Creedme, no basta para la felicidad de la república, que sus armas victoriosas abatan a la reacción armada; la patria antes que todo necesita disfrutar de una paz firme y estable, y el que acierte a darle este precioso bien recibirá las bendiciones de la posteridad ¡Ojalá que a vosotros toque esa gloria![ 32 ]

El discurso no dejaba dudas de que su desafecto por la Constitución era mayúsculo. El texto, como la expresión soberana del pueblo mexicano, quedaba, pero se tenía que reformar de manera expedita. Apelaba, como siempre lo había hecho a lo largo de todo su régimen, a la deuda que tenía el Congreso con la revolución de Ayutla y a la importante legislación liberal que su gobierno había promovido poniendo al país en el camino de la reforma. Dejaba claro que no estaba dispuesto a que el Congreso impugnase sus propuestas, que indudablemente formaban parte de un proyecto de gobierno constitucional. Su hincapié en que dos años de triunfos militares no podían constituir las bases de un proyecto de nación era una interpretación esencialmente correcta. Las victorias consecutivas de las armas liberales lo ubicaban como una rareza en la historia mexicana de los últimos treinta años. Más aun, dicha situación suscitó serias dudas religiosas entre algunos caudillos conservadores.

Comonfort comprendió que aunque se derrotara en los campos de batalla a los caudillos de la conserva, aunque se descubrieran todas las conspiraciones, aunque sus anhelos políticos se vieran colmados por el triunfo electoral y por no haber sufrido ningún atentado certero contra su persona, era indispensable consolidar una paz duradera. Pareciera que presintió que a él no le tocaría verla. Habían sido dos años de victorias pero a un costo muy ingrato: tenía que verificarse un cambio en la política de gobierno. No se podía seguir por ahí.

Era la desesperada lucha entre dos ideas antiguas y modernas; era el espíritu religioso convertido en arma poderosa; era el general trastorno que precede siempre a las grandes evoluciones sociales. ¡Cuánta firmeza, cuán profunda convicción, qué constancia y qué valor eran indispensables para afrontar una situación como aquélla, no sólo dificultosísima, sino también nueva, sin precedentes en la historia de nuestras civiles discordias, de nuestra agitada vida independiente![ 33 ]

Y, en efecto, Comonfort no tuvo la convicción profunda de que el sentido de las reformas liberales, a pesar de todo, contaban con el respaldo popular. No evolucionó dentro del moderantismo. Su gabinete como presidente constitucional tenía la misma tónica moderada que el de diciembre de 1855: Antonio de la Fuente en Relaciones, Manuel Ruiz en Justicia, Manuel Payno en Hacienda, José María García Conde en Guerra, Bernardo Flores en Fomento y Benito Juárez en Gobernación, quien era presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo que lo hacía prácticamente vicepresidente y presunto sucesor legal de Comonfort. Por otro lado, el presidente perdía casi al mismo tiempo al radical Juan José Baz, que por su carácter de diputado tenía que renunciar a la gubernatura del Distrito Federal, situación que ponía en serios problemas al gobierno, pues había sido un eficacísimo elemento en la lucha contra las conspiraciones. Días después de la toma del poder a principios de diciembre, Payno renunciaba a la cartera de Hacienda argumentando motivos de salud. Estos dos vacíos dejados por amigos de Comonfort seguramente afectaron su ánimo.

El presidente llegó a tener conocimiento de una intriga tramada por Payno, Félix Zuloaga y Baz. Procedió a llamarlos para saber cuáles eran aquellos motivos que orillaban a un ministro, un comandante general y compadre suyo y un dedicado perseguidor de conspiraciones ultramontanas a tomar el camino del alzamiento y de subvertir el orden constitucional.

El llamado golpe de Estado de Comonfort de diciembre de 1857 ha sido, desde aquellos años y a lo largo de buena parte de la producción de la historiografía liberal, el evento que condenó a la segunda administración resultante de la Revolución de Ayutla. Asimismo desprestigió las formas de proceder de un proyecto político reformista que quiso conciliar los positivos legados de las instituciones del pasado, tomando en cuenta las tradiciones del pueblo mexicano, con las necesidades de un presente más secular, liberal y cada vez más afectado por los fenómenos económicos como ya lo había señalado Miguel Lerdo. Ésta era la postura de los liberales moderados. Sin embargo, también desde el Porfiriato hasta la actualidad han existido estudios que, aunque reconocen el error que significó el cuartelazo de Tacubaya, han centrado su análisis en la reforma moderada de 1856-1857 y la viabilidad que como modelo de Estado pudo consolidarse una vez que el país disfrutó de una prolongada época de paz, de estabilidad financiera y de inversiones extranjeras (1880-1910). Una de las ideas más caras al moderantismo se concretó con la administración del general Porfirio Díaz. Era la de un gobierno en manos de un ejecutivo fuerte, capaz de controlar a las otras dos ramas del poder, y de someter a las tendencias centrífugas existentes en los diversos estados de la república mexicana.[ 34 ]

Tras la lectura de la correspondencia particular de ese momento y de lo sostenido por la prensa años inmediatamente después, consideramos que la Memoria sobre la Revolución de diciembre de l857 y enero de l858 escrita por Manuel Payno es el documento que más se acerca a la verdad de los acontecimientos y al significado del llamado golpe de Estado. Es digno de tomarse en cuenta que la Memoria de Payno fuera escrita durante la guerra de Reforma, mientras existía en la ciudad de México un gobierno conservador. Más aun, que al triunfo de las fuerzas liberales y al ser llamado Payno a comparecer ante el Congreso para explicar su participación en el alzamiento tacubayista, en su defensa citó abundantemente el anterior documento. Pudo comprobar y convenció al jurado de que lo expuesto esencialmente en la Memoria no había sido refutado por el gobierno de Miramón ni por el gabinete de Juárez, quien había asumido el poder. También el opúsculo es revelador, porque subraya que el documento explicativo que Comonfort escribió en los Estados Unidos (1858) hizo omisión de algunos puntos que el ex presidente no tocó por motivos de reserva política.

Como ya expusimos en líneas anteriores, el presidente mandó llamar a los tres sospechosos de conspiración, quienes opinaron en contra de la Constitución, no porque fuese buena o mala "sino por los inconvenientes que había suscitado al gobierno".[ 35 ] Baz dijo: Es de tal naturaleza que no se puede gobernar con ella. Si se trata de seguir el camino del proceso y de las reformas, tiene tales trabas y tales inconvenientes que es imposible que el ejecutivo pueda marchar. [...] la Constitución es un estorbo y no hay otro remedio sino hacerla a un lado, y como paso necesario, quitar también al Congreso. [ 36 ] Comonfort estaba perplejo. La franqueza con que le decían las cosas lo dejaba apesadumbrado. Preguntó sobre la Ley de Desamortización; Baz y Payno coincidieron en que sus efectos del traslado de la propiedad eran irreversibles. Le preguntó a Zuloaga sobre el estado de su división y le contestó que era difícil controlarla. Una vez expuestas las razones, Comonfort les comentó que era necesario contar con el apoyo de Parrodi en Jalisco, de Doblado en Guanajuato, de las guarniciones del Distrito Federal y del gobernador De la Llave en Veracruz. Estos apoyos eran indispensables para que el movimiento tuviera fuerza y coherencia en el centro del país. De la reunión se convino en la necesidad de enviar mensajeros para que informasen a los gobernadores mencionados del plan que se tramaba. Manuel Doblado tuvo tres conferencias con los futuros pronunciados y no aceptó cambiar de política: "Reprodujo las mismas razones que a nosotros nos habían dado otras gentes sensatas, y recuerdo que trazó con tanta exactitud un cuadro tan vivo y tan completo de todo lo que podía suceder, y en efecto está pasando, que parece que detrás de un espejo estaba mirando el porvenir".[ 37 ] Recomendó a Comonfort que planteara al Congreso algunas reformas esenciales a la Constitución y que si eran desechadas por la asamblea entonces sí podría disolverlo. Le advirtió que no debía renunciar a la primera magistratura.

El 17 de diciembre de l857, en Tacubaya, el general Félix Zuloaga, se pronunció por el plan que lleva el nombre de esta villa, cuya esencia era el desconocimiento de la Constitución y la ratificación de Comonfort como presidente. El plan le otorgaba las tan discutidas facultades extraordinarias. Dos días después, en medio de un sinfín de vacilaciones, Comonfort firmó el documento, y al hacerlo dijo: "Acabo en este momento de cambiar mis títulos legales de presidente por los de un miserable revolucionario; en fin, ya está hecho y no tiene remedio. Acepto todo y Dios dirá por qué camino debemos marchar".[ 38 ] Años más adelante y con la perspectiva de los acontecimientos entre diciembre de 1857 hasta el fusilamiento del emperador Maximiliano, Justo Sierra sentenció: "jamás un César más modesto y con menos confianza en sí mismo y en lo porvenir pronunció el alea jacta est ; lo pronunció a media voz. ¡Aquel hombre que ya no estaba en paz consigo mismo tampoco podía hacer la paz en la república!"[ 39 ]

El mismo día que firmó el Plan de Tacubaya, salió a la luz pública un desplegado de Comonfort donde explicaba los motivos que daban pie a la insurrección. Sostenía que la voluntad general era la ley suprema de la nación, el único criterio de legitimidad de sus instituciones fundamentales y la única garantía de estabilidad de toda Constitución. Agregaba que después de dos años de continuas protestas había llegado el momento en que la Constitución sólo era sostenida por la coacción de las autoridades. Terminaba exponiendo cuál era su posición y la manera en que habría de gobernar:

Desde que comencé a tener injerencia en los negocios públicos, creí sinceramente que por el carácter suave, por las costumbres sencillas de nuestro pueblo, debía guiarse por los principios liberales, y seguirse la senda, hasta donde fuese dable, por donde otras naciones han caminado a su prosperidad y engrandecimiento. Así no puede presumirse que este cambio a cuya cabeza me encuentro por circunstancias casi independientes de mi voluntad, me haga retroceder en la carrera de una prudente y sabia reforma; pero al mismo tiempo debo consignar de una manera explícita en este documento que durante el periodo que ejerza el mando, ninguna medida dictaré que ataque la conciencia ni las creencias de los ciudadanos, porque juzgo muy conciliable la libertad justa y bien entendida con el respeto que se debe a las costumbres y a las tradiciones de los pueblos. Libertad y religión son los dos principios que forman la felicidad de las naciones.[ 40 ]

Mientras se daban estos graves acontecimientos se disolvió el Congreso; el 25 de diciembre se instaló un Consejo de Estado formado por algunos liberales y, una mayoría de conservadores. La agitación dentro del Consejo fue tan grande por las ideas de los segundos que en una visita que le hizo a Comonfort el conservador José María Cuevas, el presidente interpretó lo que se le pedía:

Prescindamos ahora de comparaciones entre principios liberales y principios opuestos, y veamos en sustancia lo que de mí se exige: se exige que yo reniegue de mis ideas, de los principios que proclamé en el Plan de Ayutla, que he sostenido durante mi presidencia y que he proclamado al aceptar el Plan de Tacubaya; se exige que yo abandone a mis amigos, que los entregue a la persecución de sus adversarios, y que yo mismo sea el que decrete sus persecuciones.[ 41 ]

"¿Qué haría usted en mi lugar?", a lo que Cuevas contestó que como caballero no lo haría, concluyendo Comonfort: "Gracias, yo no lo haré jamás". Al día siguiente de esta conversación la brigada Zuloaga y otras más se pronunciaron pero ahora desconociendo al propio "presidente". En un manifiesto el general José de la Parra asentaba lo siguiente:

La cuestión de hoy día en esta capital no es de principios sino personal, se trata únicamente de la permanencia en el mando supremo del señor Ignacio Comonfort cuya conducta de contemplación con todos los partidos, equívoca y vacilante, lo ha colocado en una posición falsa y ha hecho que sea ya incompatible con la conservación de la paz pública y la organización de un estado de cosas análogo a las necesidades de la sociedad y por consecuencia al restablecimiento del orden.[ 42 ]

Con esto, se llegaba a la situación lógica de la incomprensión como error fundamental de Comonfort. Hacia enero de 1858 y una vez desconocida la Constitución, ya no podía proseguirse con la política de contemporización entre uno y otro partido. El golpe de diciembre había trastocado el orden legal y con ello su posición era blanco fácil de todas las críticas. Tenía razón De la Parra al subrayar que se encontraba en una posición falsa e incompatible.

Comonfort quiso hacer frente a los sublevados pero se encontraba absolutamente solo. Liberó a Juárez, huyendo éste al estado de Guanajuato donde se asentaban los representantes de los gobiernos estatales (Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes) que no desconocieron la carta fundamental. Veracruz por su lado había hecho lo mismo, pero por su situación geográfica actuaba independientemente. Eso muestra de qué forma fracasó la combinación urdida por Baz, Payno y el ex presidente.

Comonfort pudo reunir un ejército de varios miles de hombres que fueron ubicados en diversas partes de la ciudad para hacer frente al enemigo. En la mañana del 20 de enero las tropas del ex presidente sumaban alrededor de cinco mil personas. Al día siguiente, a la misma hora, apenas contaba con unos cientos, defección generalizada propiciada no tanto por los combates, sino por el rumor expandido por los generales Trías y Revilla de que todo estaba perdido. Comonfort salió de Palacio Nacional el 21 de enero a las ocho de la mañana cautivando

la voluntad de los hombres imparciales y aun de muchos de sus enemigos. En aquellos días de prueba [...] la multitud que se había agolpado en la Plaza; cuando llegó el momento de su partida, el pueblo lo vio con el mismo respeto que en los mejores días de su poder y de sus triunfos. Ésta es la verdad que en vano negará el espíritu de partido, que testifican los habitantes todos de esta capital, y que ha sido ya confesada por algunos de los adversarios más decididos del gobierno y de la política del señor Comonfort. [ 43 ]

Conclusiones

El golpe de Estado protagonizado por Comonfort fue el resultado visible de una crisis interna que lo hizo dudar sobre si las acciones emprendidas por su gobierno habían sido las correctas y acordes a la idiosincrasia del pueblo mexicano. Fue también el producto natural de dos años de continuo desgaste porque, como hemos venido subrayando a lo largo de estas páginas, Comonfort no era el mismo en diciembre de l855 que el de dos años más tarde. Siempre estuvo convencido de que la reforma liberal era necesaria y que ésta debía aplicarse gradualmente; por ello, durante su administración no desconoció la Ley Juárez a pesar de haberse opuesto a su proclamación durante la administración de Juan Álvarez. Su convencimiento de la reforma de las instituciones del país y de la sociedad mexicana era evidente por la promulgación de aquellas leyes liberales que minaron el poder secular de la Iglesia católica. Sabía del uso racional que le había dado a las facultades extraordinarias con las que estaba investido el poder ejecutivo y que lo convertían en otro legislador. La legislación reformista de su gobierno fue tan importante que ésta fue incorporada al texto constitucional. Como ya lo hemos mencionado, la Constitución de 1857 jamás fue de su agrado por las limitaciones que imponía al ejecutivo, y porque creyó erróneamente que la multiplicidad de alzamientos y protestas eran la prueba más evidente de su impopularidad y de que no era la más adecuada dadas las características de México. Su desacierto radicó en prestarse para desconocer la carta fundamental. Emilio Rabasa enumera las modificaciones que Comonfort quería hacerle a la Constitución, de las cuales apuntamos las siguientes: elección por voto universal del presidente, tierras para los indígenas, aclaración del artículo 123, enseñanza libre y represión de excesos en los estados.[ 44 ]

El rumbo político que a finales de diciembre quería imponer Comonfort como resultado del golpe de Estado estaba condenado al fracaso; en enero de 1858 ninguna conciliación era posible. Ésta le había dado resultados favorables desde la campaña de la revolución suriana y a lo largo de su administración; sin embargo, la situación había evolucionado hacia el enfrentamiento total y la definición de posturas. Su gobierno puede considerarse como el interludio entre dos épocas: la de los cuartelazos santannistas y la de la guerra civil que conllevó a la radicalización del programa liberal y al mismo tiempo a la cerrazón conservadora que caracterizó la década de 1857 a 1867. Al iniciarse la llamada guerra de Reforma, el moderantismo-liberal era ya obsoleto. Se tenía que dar paso a que, ya bien diferenciadas las dos posturas, ambos "partidos" lucharan para derrotar de manera absoluta al contrincante. Juárez y el grupo de los "puros" heredaron tal situación, pero para que esto fuese posible era necesaria la existencia de la postura moderada que puso en práctica una reforma liberal, gradualista y que "no espantara con su sola presencia". Además, la administración suriana tuvo el poder militar necesario para defender la existencia del constituyente y protegió a las personas y a las ideas del grupo radical. Comonfort, en el documento que publicó en Nueva York para explicar lo acontecido durante su gobierno, exteriorizaba:

Era la adopción de una política prudente y reformadora, que satisfaciendo en lo que fuera justo de las exigencias de la revolución liberal, no chocara abiertamente con los buenos principios conservadores ni con las costumbres y creencias religiosas del pueblo. La principal misión de mi gobierno debía ser quitar pretextos a las reacciones, y nada más a propósito para lograr este fin que reformar lo antiguo para conservarlo, y marchar por las sendas del progreso sin precipitaciones ni violencias.[ 45 ]

El proyecto del régimen de Ignacio Comonfort era la realización de una reforma que uniera el pasado con el presente. Lafragua había comentado que si los federalistas habían tenido su Constitución y los centralistas habían hecho lo propio, ahora era el turno de los moderados, y por ello concibió El estatuto provisional orgánico de la República Mexicana, un documento que ya incluía las garantías individuales y que puede considerarse tan importante jurídicamente como la Constitución de 1857. Las reformas liberales y todas las buenas intenciones de la administración moderada se vieron dañadas por el golpe de Estado. Lafragua, quien se encontraba en Europa negociando el pago de la deuda y se sabía el más agudo político del gabinete, comentó que, si él hubiese estado presente en Tacubaya al tiempo que se preparaba el golpe, éste no se hubiera realizado. Baz, Payno y Comonfort prefirieron modificar el rumbo del gobierno y de la Constitución, en un intento bien intencionado de salvar de la anarquía al país; su error de cálculo los condenó al menosprecio histórico ulterior. Años más adelante, en 1865, sobre el carácter del conflicto religioso en México y su evolución en la intervención francesa, los obispos Munguía, Labastida y el arzobispo De la Garza admitieron que las reformas moderadas del gobierno de Comonfort, aunque habían dañado la estructura de la Iglesia, no se habían atrevido a tanto como lo había hecho Juárez y lo estaba haciendo el emperador Maximiliano. Y eso era la desamortización frente a la nacionalización, la expulsión de Labastida frente a la secularización de religiosos, la "batalla de Jueves Santo" frente a la separación entre la Iglesia y el Estado mexicano. La diferencia estribaba entre la necesidad de establecer un concordato como lo habían pedido diversos gobiernos mexicanos y la exigencia imperial de revivir el Real Patronato con todas sus prerrogativas. En fin, como siempre sucede en los momentos de conflicto y enrarecimiento político, fue la guerra civil la que radicalizó las posturas.